Trabajadores sociales piden veto medidas camerales reforma sistema judicial y avalan versión del Senado

Compartir esta noticia:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

SAN JUAN (CyberNews) – El presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR), Larry Emil Alicea Rodríguez le solicitó el lunes mediante comunicación escrita al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que vete los proyectos de la Cámara 1035 y 1036 para reformar el Sistema de Justicia Juvenil, ambos bajo la consideración del ejecutivo y que en su lugar se le de paso a la versión del Senado.

“El sistema no puede tener un discurso de rehabilitación y en su práctica ser más restrictivos que el sistema para los adultos. Eso refleja una contradicción en la política pública sobre el manejo de este tema. La niñez puertorriqueña gana si el gobernador Rosselló veta los Proyectos de la Cámara 1035 y 1036 y en su lugar, avala y firma el Proyecto del Senado 489. Nuestra niñez y juventud no es la responsable del contexto social y las inequidades sociales, que muchas veces provocan que terminen en foros judiciales, ante procesos duros y difíciles de comprender para sus edades, que laceran su dignidad y suestabilidad emocional”, destacó Alicea Rodríguez en un comunicado.

Para el gremio, que reúne a los miles de profesionales del trabajo social en la isla, la oposición a estas medidas estriba en que representan a un Sistema de Justicia Juvenil remediativo, punitivo y basado en el castigo a laniñez, en lugar de su rehabilitación.

Indicó que estos proyectos son unos de las muchas otras medidas de carácter social sometidas por la Legislatura que en el CPTSPR analizaron detalladamente antes de acudir a las vistas públicas.

Sostuvo que con el fin de examinar a fondo el tema, el pasado 30 de agosto la Comisión de Legislación del gremio llevó a cabo un panel titulado: ¿Niños y niñas criminales?: Diálogo en torno a Ia edad mínima para procesar judicialmente. Esa noche, ante el público en general, cuatro profesionales: unabogado, doctor en neurociencia, doctora en psicología y una trabajadora social coincidieron que la edad para procesar judicialmente a un joven debeser los 16 años. No obstante, se analiza que la edad de 13 años pudiera ser una opción para iniciar y que de forma paulatina se llegue a la edad de 16 años, que también es la recomendada por organizaciones internacionales.

“Sabemos que transformar el Sistema de Justicia Juvenil noes solo el establecimiento de una edad mínima para ser procesado judicialmente. Existen otros aspectos que necesitan mirarse para atender adecuadamente a nuestros niños, niñas y jóvenes. Tales como su salud física y mental, deficienciasen el desarrollo, dificultades en el aprendizaje, historial de la familia, privaciones culturales, maltrato, entre otros temas que nos exigen ser cuidadososen Ia atención de esta política pública”, apuntó el líder de los trabajadores sociales.

Por otro lado, indicó que el Senado ha propuesto una medida menos punitiva que cuenta con el aval de diversos sectores profesionales y expertos, entre estos el CPTSPR. El proyecto 489 establece una edad mínima, limita el uso de esposas y cadenas y favorece la resolución de conflictos a través de la mediación, entre otros aspectos.

Para Alicea Rodríguez, el hecho de que el gobernador tenga ante sí un proyecto de ley en el Senado que tiene el mismo propósito de los de la Cámara, pero con la diferencia de que sí considera los derechos humanos de la niñez, es una gran oportunidad para atender y cambiar en su totalidad los problemas que confronta el actual Sistema de Justicia Juvenil.

El presidente del CPTSPR también puso a la disposición del gobierno los recursos de la organización, al proponer un comité multisectorial con entidadesy profesionales que se involucran en el Sistema de Justicia Juvenil para crear proyectos comunitarios y de mediación de conflictos en las escuelas.

“Sin embargo, todas estas iniciativas serán inconsecuentes si no atendemos y erradicamos las condiciones sociales que sirven de base para que niños, niñas y adolescentes incurran en lo que el gobierno llama una falta, pero que procesa como un delito”, concluyó.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes